INFORME CRS: JÓVENES Y FAMILIAS CON HIJOS SÍNTECHO, SIN HOGAR, EN INFRAVIVIENDAS O DESAHUCIOS.




EDITORIAL

Presentamos el Informe y la Hoja de Ruta que resume el trabajo de investigación y transferencia de conocimientos realizado en los últimos dos años por Simetrías como socio local en el proyecto europeo Dapnhe “Niños niñas, Jóvenes sin hogar en España” (CRS) financiado por la Comisión de Justicia de la Unión Europea. El documento tiene un carácter estratégico, sus contenidos no son propuestos para su inmediata ejecución, sino orientaciones para el desarrollo futuro.

Nuestro enfoque saca a la luz la mirada de la pobreza infantil y la desigualdad social al realizar el análisis de los derechos de los niños desde “el lugar o el no lugar donde viven” los niños, niñas, jóvenes menores de 18 años sin techo, sin hogar, en viviendas insalubres o inseguras, sus problemáticas, los servicios públicos que intervienen con ellos.

La definición “situación de calle”, que nos ha proporcionado el informe esamplia porque podemos incluir en ella no sólo a jóvenes que en algún momento se fugan y pasan una o varias noches fuera de su casa o de un centro de protección, sino también a chicos y chicas cuyas familias han sido desahuciadas de sus casas, menores que viven en un asentamiento con su familia, o en una vivienda compartida por más familias y está todo el día en la calle, porque no quiere o no puede estar en la casa, en todas estas situaciones hablaremos de un menor en situación de calle.

Los perfiles y su problemática que se ha 
abordado de acuerdo con la metodología ETHOS de la red europea FEANTSA contempla cuatro situaciones donde viven, es decir sin techo cuando duermen en la calle, sin hogar cuando son acogidos en centros de protección o casas de acogida en el caso de las mujeres víctimas de género, o las jóvenes victimas de redes de trata y prostitución, y en viviendas insalubres o infraviviendas, y por último, en viviendas inseguras cuando viven largos procesos de desahucio.

Hemos tratado de analizar qué administraciones deben intervenir de acuerdo con las competencias establecidas por ley y que servicios públicos se deben prestar para dar cobertura a una realidad de pobreza infantil por falta de ingresos como consecuencia de la situación de desempleo, especialmente del desempleo juvenil que se ha visto incrementado por la crisis y que ha afectado especialmente a familias con hijos en desempleo sin ingresos o con salarios insuficientes para hacer frente a los gastos de alimentación y vivienda.

La finalidad de este Informe y su Hoja de Ruta CRS es contribuir a conducir una política social estratégica de atención a personas jóvenes y familias con hijos en situación de extrema vulnerabilidad en España y en Europa.

Para servir de referencia en el debate y la adopción de acuerdos en el marco de la Comisión de Justicia de la Unión Europea y contribuir a una Hoja de Ruta para las y los responsables, políticos y técnicos de las administraciones local, autonómica y estatal, en la planificación, evaluación de servicios de atención a personas y familias en situación de extrema vulnerabilidad, así como a las y los profesionales, voluntarios y voluntarias de la intervención social con jóvenes sin hogar.

Especial análisis hemos hecho sobre el impacto de los desahucios sobre los niños, niñas, jóvenes sin hogar, que han obligado a una buena parte de las familias con hijos a abandonar su vivienda tras soportar largo proceso, teniendo que ir a vivir con su familia extensa o trasladarse a asentamientos, de okupas en viviendas vacías, o alojarse con otras familias en infravivienda vertical compartiendo vivienda entre varias familias.

Todas estas situaciones analizadas nos han acercado a una problemática que ha generado múltiples conflictos intrafamiliares que en muchos casos han llevado a los niños a fugarse de su casa o centro de protección donde están tutelados, la mayoría de estos menores vuelven a su casa pero sigue siendo alto el numero de fugas que permanecen activas aproximadamente 460 de un total de 13.000 fugas en 2013 sin que la policía o la guardia civil haya conseguido su localización.

Especial cuidado hemos tenido en poner el foco en las situaciones de desprotección que se han generado en menores tutelados a la salida de los centros de protección cuando cumplen su mayoría de edad, porque si no disponen de familia donde volver o no han podido acceder a una plaza de vivienda tutelada en un programa de extutelados, si no tienen trabajo y no han conseguido regularizar su situación en el caso de los menas, pueden con 18 años terminar durmiendo en la calle. Ante este problema hemos indagado soluciones para tratar de ofrecer respuestas que deben llevarse a cabo por las Comunidades Autónomas y hemos comprobado como los profesionales entrevistados demandaban con urgencia la necesidad de que el Protocolo MENAS de menores inmigrantes no acompañados aprobado en julio de 2014 sea efectivo y se cumpla.

Hemos incluido la problemática de los jóvenes inmigrantes latinos, niños, niñas de población gitana en infraviviendas y asentamientos, mujeres con hijos víctimas de violencia y jóvenes victimas de trata en casa de acogida, en todos estos supuestos hemos tratado de identificar la intervención de los servicios públicos que se ofrecen, en qué condiciones se prestan éstos servicios públicos los profesionales de las administraciones y entidades sociales, por ultimo nos hemos detenido en reflexionar sobre los cambios de estrategias de las entidades sociales.

Identificados los problemas hemos elaborado una Hoja de Ruta CRS para realizar recomendaciones entre las que se ha recogido la necesidad de cobertura de las nuevas situaciones de pobreza que obligan a definir una nueva cartera de servicios sociales de acuerdo con las necesidades y actores sociales a nivel local yautonómico, con dotación económica suficiente.

Esta cartera de servicios facilitaría al Gobierno de España el consensuar con las CC.AA. y con las Corporaciones Locales la financiación de un Programa específico de atención a CRS sin techo, sin hogar, en infravivienda o en desahucio, con dotación económica suficiente que implique a Ministerios con competencia en Infancia y Familia, Vivienda, Empleo, Sanidad, Cultura, representantes de Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Entidades Financieras, Entidades Sociales, que sirva de referencia para la planificación y la intervención con este colectivo por parte del conjunto de administraciones públicas a nivel regional y local.

Todos los actores han incidido en el largo plazo, en la necesidad de garantizar una Renta Mínima, al homogenizar su cuantía en todas las CCAA, a través de una Ley de Garantía de Rentas Mínimas, que articule un Sistema de Garantía de Renta Mínima a nivel Estatal en el marco de prestaciones de la Seguridad Social.

En el corto plazo, planteamos la necesidad en cada CCAA de introducir cambios en las Leyes y Planes de Renta Mínima, para coordinar su gestión desde los Departamentos de Empleo en coordinación con los Servicios Sociales y Vivienda; la propuesta plantea ampliar los perfiles de los beneficiarios, acortar los plazos para su percepción, garantizar su derecho no haciéndola depender de la falta de presupuesto de las Comunidades Autónomas.

Probablemente la propuesta más difícil de armar por los intereses contrapuestos, es la necesidad de un Pacto social compartido por todos los actores sociales en vivienda, las bases del pacto partirían:

1. La necesidad de una Ley de segunda oportunidad, comprensiva de límites que reduzcan la posibilidad de un desahucio, evitando la exclusión social perpetua en los casos de sobreendeudamiento e insolvencia familiar”1.

2. Se recomienda la aprobación de una Ley de Función social de la Vivienda que valore como prioritario dar respuesta a las circunstancias de vulnerabilidad social de la familia por falta de ingresos estables y suficientes para poder acceder a una vivienda o alquiler social.

3. Tanto el Estado, Comunidad autónoma y Ayuntamiento deben cofinanciar Planes de Vivienda Social que deberían contemplar medidas de garantía y promoción del derecho a una vivienda digna.

Se ha recogido la necesidad de los menores autóctonos e inmigrantes tutelados garantizar su igualdad de oportunidades en todo el territorio español, para acceder a Programas de Autonomía de mayores de 18 a 21 años gestionados desde cada Comunidad Autónoma con criterios y servicios diferentes. La propuesta plantea que cumplida su mayoría de edad, puedan tener acceso a una RMI o beca que les permita tener unos ingresos suficientes para poder vivir en una vivienda tutelada y acceder a programas de inserción social y laboral. En el caso de los menas se apuesta por la regularización de papeles de residencia y trabajo que les permita seguir estudiando o trabajar y no verse obligados a pasar a una situación de invisibilidad social después de haber estado durante años tutelados por la CCAA.

En el caso de los programas de acogida de mujeres con hijos víctimas de violencia, se recomienda la necesidad de superar las dificultades para su inserción social y laboral que obliga a las administraciones a facilitarles el acceso a la percepción de una Renta Activa, junto al derecho a un alquiler social de una vivienda; se recuerda la necesidad que tienen de tener prioridad para ser contratadas en ofertas de empleo al igual como medida de discriminación positiva. Si no activamos su inserción social y laboral, con la crisis ante la falta de expectativas, muchas mujeres víctimas de violencia se ven obligadas a volver con el marido transcurrido un tiempo en el centro o a volver a ejercer la prostitución en el caso de victimas de trata.

En el caso de las jóvenes victimas de trata y prostitución con hijos en viviendas tuteladas o casas de acogida, se recomienda la necesidad de superar las dificultades para su inserción social y laboral que obliga a las administraciones a facilitarles el acceso a la percepción de RMI conectada con el ejercicio del derecho a un alquiler social de una vivienda.

Hemos dejado para el final una de las problemáticas como son losconflictos intrafamiliares, hablamos de los jóvenes disruptivos, que son denunciados por sus padres por malos tratos, se recomienda como medida preventiva agilizar las listas de espera en las unidades de salud infanto- juvenil, se debería ampliar personal para prevenir problemáticas de jóvenes; así como dotar de suficientes dispositivos de media, larga estancia cuando tienen que ser acogidos en centros de reforma y éstos no disponen de tratamientos adecuados para su inserción.

Para contribuir a introducir cambios en las políticas públicas en tu Ayuntamiento o Comunidad Autónoma te animamos sobre la base de los contenidos del Informe y de la Hoja de Ruta CRS a organizar en los próximos meses debates públicos, mesas redondas, en los que nos ofrecemos a participar y colaborar en su organización y difusión


Ángeles Diaz Vieco Coordinadora del proyecto europeo CRS Presidenta Simetrías Fundación Internacional.









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